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A finales de los años 90 pasaron muchas cosas que están marcadas en la memoria colectiva de España. Los asesinatos de Gregorio Ordóñez y de Miguel Ángel Blanco abrieron un nuevo episodio de terror en el País Vasco. Cambiaron las reglas del juego y el Estado tuvo que actuar dando protección a cualquiera que levantase la voz contra ETA, entre ellos concejales de pueblo, periodistas o profesores. Cerca de 3.000 escoltas privados sirvieron en el País Vasco entre los años 1999 y 2012. La suya fue una profesión nueva, que se creó de la nada y con gente que apenas tenía experiencia. En ese camino marcado por la violencia, se crearon nuevas relaciones, se rompieron familias y se convivió con un enemigo invisible y letal.